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Cada 22 de abril, desde 1970, se celebra el Día Internacional de la Tierra, para permitirnos reflexionar sobre la importancia de nuestro planeta y recordarnos como es que estamos interconectados como seres humanos y naturaleza.

Esto nos brinda también la oportunidad de reflexionar sobre nuestras acciones para enfrentar las crisis como el cambio climático, la pérdida de biodiversidad, entre otros problemas que ponen en riesgo nuestro bienestar y el de las generaciones futuras.

Créditos de imagen: Imagen de Annie Spratt en Pixabay

Acciones colectivas como agentes de cambio

Sin embargo, no perdamos de vista la importancia y el poder de la acción colectiva como agentes de cambio formados en la Universidad del Medio Ambiente.

Como estudiantes de la UMA no demeritemos las pequeñas acciones individuales que realizamos para proteger nuestro planeta, todo cuenta, desde reducir nuestro consumo de plástico, la adopción de hábitos de vida más sostenibles o la participación en iniciativas comunitarias, cada acción cuenta en la construcción de un futuro más verde y equitativo.

Créditos de Imagen: imagen de Vlad Vasnetsov en Pixabay

La importancia de la educación ambiental

El conocimiento y la conciencia son fundamentales para inspirar cambios significativos en nuestras actitudes y comportamientos hacia el medio ambiente.

Es así que la UMA tiene como misión impulsar un futuro regenerativo, sostenible y ético, acompañando agentes de cambio capaces de promover iniciativas que transformen los sistemas socioambientales.

Y su principal valor es el haber creado un punto de encuentro para acelerar el aprendizaje entre estudiantes, especialistas y líderes de sostenibilidad.

Existen logros, pero seguimos enfrentando desafíos

Debemos reconocer los avances realizados en la protección del medio ambiente, desde la firma de acuerdos internacionales hasta la creación de políticas ambientales.

Sin embargo, debemos ser conscientes de que queda mucho por hacer. La urgencia de la crisis climática y ambiental requiere un compromiso renovado y una acción decidida por parte de todos los sectores de la sociedad.

El Día de la Tierra es un recordatorio de que todos compartimos la responsabilidad de cuidar nuestro hogar común. Con determinación y solidaridad, podemos construir un futuro en el que la naturaleza y las generaciones venideras puedan prosperar.

En este Día Internacional de la Tierra, comprometámonos a trabajar juntos hacia un mundo más sostenible y resiliente. Nuestro planeta nos necesita, y juntos podemos marcar la diferencia.

¡Feliz Día de la Tierra!

Créditos de Imagen: Imagen de Angela en Pixabay

Escrito por Karmina Isabel Álvarez Velázquez, estudiante de la Maestría en Derecho Ambiental y Política Pública dentro de la Universidad del Medio Ambiente.

 Las opiniones expresadas en este artículo son de exclusiva responsabilidad del autor y pueden no coincidir con las de la Universidad del Medio Ambiente.

No te pierdas la oportunidad de formar parte de la primera universidad especializada en sustentabilidad en Latinoamérica, conoce la oferta educativa que la UMA te tiene preparada. 

Referencias

Welcome to the United Nations consultado el 22 de abril de 2024.

El pasado 4 de marzo se publicó el Decreto por el que la Bahía de Tangolunda se declara área natural protegida, con la categoría de Parque Nacional. Ubicada en el Municipio de Santa María Huatulco, estado de Oaxaca, y con una superficie de 110-32-95.37 hectáreas.

Más de 100 años de historia de Áreas Naturales Protegidas

Las áreas naturales protegidas, como el sitio Tangolunda, constituyen desde su aparición en 1917, un instrumento de política ambiental de importancia estructural en México. A través de este medio, el Poder Legislativo Federal contribuye a los principios fundamentales establecidos en nuestra Constitución, para la conservación de los recursos naturales, la protección del medio ambiente, la preservación y la restauración del equilibrio ecológico.

El fundamento para la creación de las áreas naturales protegidas puede encontrarse en el artículo 4to, párrafo quinto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece que “toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar. El Estado garantizará el respeto a este derecho.”

Por su parte también, el artículo 27, párrafo tercero, establece que: “la nación tendrá en todo tiempo el derecho de imponer a la propiedad privada las modalidades que dicte el interés público, así como el de regular, en beneficio social”, y que el Estado dictará “las medidas necesarias para ordenar los asentamientos humanos y establecer adecuadas provisiones, usos, reservas y destinos de tierra, aguas y bosques… para preservar y restaurar el equilibrio ecológico”, así como “para evitar la destrucción de los elementos naturales y los daños que la propiedad pueda sufrir en perjuicio de la sociedad”.

La riqueza biológica de la nueva área natural protegida y Parque Nacional

 A casi 280 kms de la ciudad de Oaxaca, a lo largo de su costa, la Bahía de Tangolunda alberga 5 playas, así como una extensa diversidad biológica, por ejemplo, con vegetación como selva alta, selva baja, manglar, 220 especies endémicas como el Pitayo.

Mediante acciones de restauración específicas se busca conservar especies de flora y fauna que puedan estar en alguna categoría de riesgo conforme de acuerdo con la NOM-059-SEMARNAT-2010.

Ahí encontramos una alta riqueza animal, ejemplificada por vertebrados e invertebrados característicos de la región como el alacrán Oaxaqueño. Resaltan también en este sitio las características mariposas monarca y el jaguarundi, así como, otras 32 especies de polinizadores, incluyendo al colibrí verde.

Estado Mexicano y los cimientos hacia una política ambiental más sólida

Resulta importante entender la responsabilidad que tiene el Estado Mexicano en cuanto a la formulación de la política ambiental nacional y sus instrumentos. Ejemplo de esto son los primeros artículos de la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente (LGEEPA), cuyo objeto según su art. 1, fracc. IV, es “la preservación y protección de la biodiversidad, así como el establecimiento y la administración de las áreas naturales protegidas”, considerando, según su art. 2, fracc. II, “la protección y preservación de dichas áreas como una causa de utilidad pública”.

Por su parte, el art. 15, fracc. VI, de la misma ley, establece la prevención como la manera más efectiva de evitar los desequilibrios ecológicos, siendo las áreas naturales un instrumento útil para este fin en cuanto al ordenamiento territorial ambiental.

Actualmente, nuestro país tiene 185 Áreas Naturales protegidas de carácter federal con una superficie de 90,962,530 hectáreas (Gobierno de México, 2024).

Parque Nacional a cargo de la Federación

Al ser designada como Parque Nacional, la Bahía de Tangolunda entra en una categoría altamente restrictiva, donde de acuerdo al Art. 50 de la LGEEPA, “sólo podrán permitirse actividades relacionadas con la preservación de los ecosistemas y de sus elementos, así como la investigación, recreación, turismo y educación ecológicos”.

De manera homóloga, la citada Ley ha establecido un sistema de distribución de competencias en materia ambiental, conforme al cual corresponde exclusivamente a la Federación, el establecimiento, regulación, administración y vigilancia de las áreas naturales protegidas de competencia federal. Por lo tanto, los gobiernos estatales o municipios no pueden vulnerar esta competencia de la Federación ni el régimen jurídico aplicable a ellas.

Del régimen jurídico establecido resulta clara la competencia del Ejecutivo Federal para delimitar, zonificar, administrar, regular y preservar las áreas naturales protegidas de su competencia, establecer las modalidades y limitaciones a las que estas áreas se sujetarán y describir las actividades que se llevarán a cabo dentro de las mismas.

México en el plano Internacional

Finalmente, la designación de la Bahía de Tangolunda suma a los esfuerzos que ha realizado México en el plano internacional. Una diversidad de instrumentos internacionales signados por nuestro país, abordan la necesidad de establecer sistemas de áreas protegidas, para cumplir con el objetivo mundial de fortalecer la resiliencia humana, reducir la vulnerabilidad, y lograr que los Estados respeten y hagan efectivos los Derechos humanos con el fin de garantizar un medio ambiente sano, adoptando medidas, impidiendo daños.

Ejemplos de lo anterior son el Convenio sobre la Diversidad Biológica, firmado por México en junio de 1992; el Acuerdo de París, publicado en el Diario Oficial de la Federación en noviembre de 2016; los Principios Marco sobre los Derechos Humanos y el Medio Ambiente presentados en marzo del 2018.

Todo esto demuestra el involucramiento y responsabilidad del Estado en cuanto al ejercicio de un enfoque ambiental para la conservación y protección de la naturaleza como bien público y patrimonio ambiental de los mexicanos.

Escrito por Alexander Brewster R., estudiante de la Maestría en Derecho Ambiental y Política Pública dentro de la Universidad del Medio Ambiente.

 Las opiniones expresadas en este artículo son de exclusiva responsabilidad del autor y pueden no coincidir con las de la Universidad del Medio Ambiente.

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Referencias

DECRETO por el que se declara área natural protegida, con la categoría de parque nacional, el sitio Tangolunda, ubicado en el municipio de Santa María Huatulco, estado de Oaxaca, y que abarca la superficie de 110-32-95.37 hectáreas (Segunda publicación). DOF: 04/03/2024. 

El pasado 6 de marzo de 2024 se publica en el Diario Oficial de la Federación la NOM-003-SEDATU-2023, que tiene como objetivo fortalecer el sistema territorial para resistir, adaptarse y recuperarse ante amenazas de origen natural y de cambio climático a través del ordenamiento territorial.

Con fundamento en el artículo 9, fracción V de la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano (LGAHOTDU), esta Norma Oficial Mexicana se compone de 8 capítulos que describen los objetivos y campos de aplicación, definiciones, lineamientos y sobre todo el procedimiento de evaluación y vigilancia que deberán llevarse a cabo en la aplicación de estos preceptos, que a grandes rasgos buscan prevenir las amenazas de origen natural provenientes del incesante cambio climático.

Ámbito de aplicación de la NOM

Aunado a lo anterior, el ámbito de aplicación de esta NOM será en los procesos de elaboración o actualización de los planes y programas de ordenamiento territorial y desarrollo urbano a los que se refieren las fracciones II, III, IV y V del artículo 23 de la LGAHOTDU y sus derivados:

Artículo 23. La planeación y regulación del Ordenamiento Territorial de los Asentamientos Humanos y del Desarrollo Urbano de los Centros de Población, se llevarán a cabo sujetándose al Programa Nacional de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, a través de:

1. La estrategia nacional de ordenamiento territorial;
2. Los programas estatales de ordenamiento territorial y Desarrollo Urbano;

III. Los programas de zonas metropolitanas o conurbaciones;

1. Los planes o programas municipales de Desarrollo Urbano, y
2. Los planes o programas de Desarrollo Urbano derivados de los señalados en las fracciones anteriores y que determinen esta Ley y la legislación estatal de Desarrollo Urbano, tales como los de Centros de Población, parciales, sectoriales, esquemas de planeación simplificada y de centros de servicios rurales.

Imagen obtenida de pixabay.

¿Una Norma con principios socio ecosistémicos?

Como instrumento regulatorio la NOM presenta 10 principios adaptados a las realidades ambientales, sociales, culturales, políticas y económicas del territorio, para ser considerados en la elaboración o actualización de los planes y programas de ordenamiento territorial y desarrollo urbano.

Estos principios son los lineamientos para el fortalecimiento del sistema regulatorio aunado a un enfoque socio ecosistémico y multisectorial, estos principios son (NOM-003-SEDATU-2023, 2023):

Diagrama elaborado por Alexander Brewster R.

De este modo, dicha Norma Oficial busca que tanto los Estados como Municipios prevengan, aminoren y a su vez se recuperen de los efectos causados por fenómenos naturales a través de un enfoque socio ecosistémico contemplando los principios antes descritos, a modo de fortalecer la resiliencia de las prácticas y el territorio mismo.

NOM-003-SEDATU reconoce la complejidad que caracteriza el territorio mexicano

Finalmente se establecen a lo largo de esta NOM 4 escalas de planeación (regional, estatal, metropolitana y municipal).

Cada escala integrada por cinco subsistemas territoriales: ambiental, social, cultural, económico y gobernanza, así como los lineamentos que deben integrarse en cada uno de los planes y programas de ordenamiento territorial.

Lo anterior, lleva a reflexionar sobre las distintas jurisdicciones o ámbitos de competencia para tomar las decisiones que se ajusten a las necesidades comunitarias o municipales.

Imagen obtenida de pixabay.

Conclusiones

La NOM-003-SEDATU-2023 representa el progreso para la construcción de territorios más resilientes en México, ya que ofrece una hoja de ruta para el desarrollo más sostenible y seguro.

Sin duda, para que su implementación sea efectiva requerirá el compromiso y la colaboración de todos los actores involucrados, pero todos los beneficios a largo plazo serán en beneficio del medio ambiente, y por ende el bienestar de los mexicanos.

Escrito por Alexander Brewster R. estudiante de la Maestría en Derecho Ambiental y Política Pública dentro de la Universidad del Medio Ambiente.

Las opiniones expresadas en este artículo son de exclusiva responsabilidad del autor y pueden no coincidir con las de la Universidad del Medio Ambiente.

Estas a tiempo de inscribirte a la especialidad virtual «INCIDENCIA EN CONFLICTOS SOCIOAMBIENTALES»

El programa busca facilitar el aprendizaje de un marco metodológico que ayude a comprender y abordar un conflicto socioambiental en
cualquiera de sus diferentes etapas.

La información completa de la especialidad la pueden consultar en:

Incidencia en Conflictos Socioambientales – Universidad del Medio Ambiente % (universidaddelmedioambiente.com)

Fecha de inicio: 8 de abril del 2024.

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En un mundo marcado por la complejidad de la migración, los conflictos socioambientales emergen como una de las principales variantes directas detrás de los movimientos poblacionales. La migración, en todas sus formas, representa un desafío y a su vez una oportunidad, tanto para los Estados de acogida, así como para las personas en situación de migración.

En este contexto, es fehaciente reconocer la necesidad de que todos los Estados comprometidos por voluntad política, coadyuven con el seguimiento e implementación del Pacto Mundial para una migración ordenada, segura y regular.

Los desastres naturales, la degradación del medio ambiente y la escasez de recursos son factores que impulsan la migración de comunidades enteras en busca de seguridad y sustento, ya que, como bien se menciona las personas no logran garantizar su supervivencia debido a la nueva realidad de las condiciones climáticas. Poniendo como ejemplo a México como un país con un nivel de sequías nunca antes vistas, así como en Metztitlán Hidalgo, con su laguna convertida en desierto, o Monterrey Nuevo León, y su zona conurbada, con sus emblemáticas autoridades reconocidas por su continua violación a derechos humanos y su carente interés por respetarlos.

La implementación de un protocolo de supervisión migratoria específico para esta realidad es fundamental para garantizar la protección y el respeto de los derechos humanos de las personas migrantes, las cuales se ven obligadas a abandonar sus hogares debido a factores medioambientales, mismos que en su mayoría son provocados por factores sociales.

El Compromiso con la Justicia Socioambiental

Un Protocolo de esta índole se centraría en la identificación temprana, la atención integral y la integración sostenible de las personas migrantes afectadas por los conflictos socioambientales, cabe destacar que en México desde 2018 ha llovido un 20% menos; por otra parte, los mares cada vez consumen partes considerables de las comunidades costeras, y se estima que para 2050 podrían haber más de 3 millones de personas mexicanas desplazadas de sus hogares debido al cambio climático.

Desde la evaluación de riesgos hasta la provisión de apoyo psicosocial, cada etapa del proceso migratorio debe estar guiada por los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. La colaboración interinstitucional, la participación social y el respeto por la consulta previa, libre e informada son aspectos fundamentales para garantizar una respuesta efectiva y empática a la migración por conflictos socioambientales.

Créditos de imagen: Andrés Melesio Garza Gonzáles

Contar con el precedente para prevenir en el presente

El interés de contar con una herramienta enfocada en la supervisión migratoria es dado a que no solo se busca mitigar los impactos negativos de la migración por conflictos socioambientales, sino también, crear un precedente a nivel nacional para que cada estado pueda cumplir con sus obligaciones de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de las personas afectadas. La inversión en programas de desarrollo sostenible, la creación de política pública y la participación ciudadana en la toma de decisiones, son elementos esenciales para construir un futuro progresista y sostenible para todas las personas; asimismo, la concientización pública, la educación ambiental y la acción climática son herramientas poderosas para abordar las causas subyacentes de la migración por conflictos socioambientales y promover soluciones a largo plazo.

La migración socioambiental es un fenómeno que no va a desaparecer, y menos en la realidad tan apática y carente en la cual vivimos; sin embargo, este mundo cambiante nos desafía a repensar nuestra relación con el medio ambiente y nuestras responsabilidades hacia las personas que se encuentran viviendo en interseccionalidad.

Créditos de imagen: Andrés Melesio Garza Gonzáles

Conclusiones

En conclusión, la creación de un “Protocolo de Supervisión Migratoria” representa un paso significativo para los gobiernos hacia una respuesta más efectiva y humanitaria como prevención de la migración por conflictos socioambientales.

Es a través del compromiso colectivo junto a las acciones coordinadas que podemos brindar protección y apoyo a las comunidades afectadas, a fin de construir un mundo tanto resiliente como sostenible para las generaciones futuras. Por lo consiguiente, con el enfoque adecuado y la implementación eficaz de políticas y protocolos, podemos allanar el camino hacia una migración más segura, ordenada y regular para toda la humanidad.

Escrito por Andrés Melesio Garza Gonzáles, Especialista en Violencia Basada en Género en ChildFund y estudiante de la Especialidad «Incidencia en Conflictos Socioambientales», de la Universidad del Medio Ambiente.

Las opiniones expresadas en este artículo son de exclusiva responsabilidad del autor y pueden no coincidir con las de la Universidad del Medio Ambiente.

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Gobierno, empresas, comunidades y grupos sociales se enfrentan a retos socioambientales cada vez más complejos, que requieren ser atendidos con una mirada integral e interdisciplinaria.

Es por ello que nuestra Especialidad no se enfoca únicamente en la resolución de conflictos, sino que pone énfasis en comprenderlos, identificar los medios disponibles para su posible prevención y, en caso de que se presenten, la implementación adecuada de herramientas para su manejo y transformación.

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¿Nuestro sistema en México es reactivo y ve a las personas como expedientes, o es preventivo y ve a las personas como seres humanos con necesidades para solucionar problemas?  En el marco de esta discusión surge esta Ley de orden público, de interés social y observancia general, la cual busca mejorar las bases de nuestro sistema jurídico.

Así, el 26 de enero del año en curso, se publicó el decreto por el que se expide un eje fundamental para la solución de controversias y la impartición de justicia en México: la Ley General de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias (LGMASC) con una reforma y una adición a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y a la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa.

Nuevas maneras de resolver un conflicto social

Dicha Ley tiene como finalidad establecer las bases, principios generales y competencias para propiciar, a través del diálogo, soluciones ágiles a un conflicto entre particulares.

De este modo los Medios Alternativos de Solución de Controversias (MASC) cobran cada vez mayor relevancia por la economía y rapidez procesal frente a las formalidades de un juicio típico.

Se presentan en esta Ley como mecanismos alternativos los siguientes (Ley General de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias, 2024, Artículo 4°):

• Negociación: Es el proceso por virtud del cual las partes, por sí mismas con o sin intermediarios, plantean soluciones a través del diálogo, con el fin de resolver una controversia o conflicto;
• Negociación Colaborativa: Es el proceso por el cual las partes buscan la solución pacífica y equitativa de su conflicto, con la asesoría de personas abogadas colaborativas, a través del diálogo y si fuera necesario, el apoyo de terceros;
• Mediación: Procedimiento voluntario mediante el cual las partes acuerdan resolver una controversia o conflicto en forma parcial o total, de manera pacífica, o prevenir uno futuro, con la asistencia de una persona tercera imparcial denominada persona facilitadora. Se entenderá que existe Comediación cuando participen dos o más personas facilitadoras;
• Conciliación: Procedimiento voluntario por el cual las partes involucradas en una controversia o conflicto acuerdan resolver en forma parcial o total, de manera pacífica, o prevenir uno futuro, con la asistencia y participación activa de una persona facilitadora, y
• Arbitraje: Proceso de solución de controversias o conflictos distinto a la jurisdicción estatal, mediante el cual las partes deciden voluntariamente, a través de un acuerdo o cláusula arbitral, someter todas o ciertas diferencias que hayan surgido o puedan surgir entre ellas, respecto de una determinada relación jurídica.

En este último, con la participación de una persona tercera llamada árbitro quien dicta un laudo conforme a las normas establecidas en el Código de Comercio, el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, y los Tratados Internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, según proceda.

Mecanismos alternativos ampliando el abanico de soluciones

La misma Ley define a los MASC como “Procedimientos no jurisdiccionales, cuyo objeto, consiste en propiciar la avenencia entre las partes de manera voluntaria, pacífica y benéfica para ambas, a través de concesiones recíprocas, en una controversia o conflicto presente o futura. (Ley General de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias, 2024, Artículo 5o)»

La definición anterior evidencia la intención del legislador para despresurizar las cargas en las instituciones jurisdiccionales ampliando las opciones de atención para los conflictos de manera más efectiva en los casos aplicables.

Con 9 capítulos y 144 artículos (más 17 transitorios) dicha Ley sienta la naturaleza, objeto, competencias, la tramitación de estos mecanismos y el régimen de responsabilidades y sanciones.

Asimismo, se presentan distintas figuras como el de “Personas Facilitadoras”, las personas físicas certificadas en el tema, el “Consejo Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias”, es el lugar donde se practicarán estos mecanismos en materia de Justicia Administrativa, o el “Convenio”, documento físico donde constarán los acuerdos entre las partes los cuales a través de estos mecanismos tendrán carácter de cosa juzgada.

Mínimos en la expedición de justicia

Esta Ley aplica para todo el país, de manera supletoria tenemos el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, donde igualmente se establecen los principios de voluntariedad, buena fe, imparcialidad y disposición de las partes en la aplicación de estos Mecanismos Alternativos.

Emitida por el Congreso de la Unión en ejercicio de la facultad que le confiere el artículo 73 Fracc. XXIX A., y también el artículo 17 de la CPEUM (aunque este lo asociamos más con la idea de justicia alternativa en materia penal), esta Ley abroga las demás leyes de justicia alternativa que tienen los Estados con la finalidad de dar homogeneidad y brindar una opción para la resolución de los conflictos.

Establecido lo anterior, más que acotar preceptos jurídicos, esta Ley presenta mínimos a cumplir en la expedición de justicia en México por parte de servidores públicos y particulares en la materia. Ejemplo de lo anterior es la mención que hace la Ley sobre la justicia restaurativa y la capacitación requerida por parte de la persona facilitadora.

¿Qué sigue después de esta Ley?

La Ley establece la creación de un Consejo especializado en la materia, integrado por las personas titulares de los centros públicos de Mecanismos Alternativos. Una vez instalado este Consejo, se expedirán lineamientos generales para aplicación de esta Ley en toda la República Mexicana.

Las entidades federativas tendrán hasta 1 año para adecuar sus marcos normativos para dar cumplimiento a dicha Ley, y cumplir asimismo con mínimos en temas de certificación y capacitación para los facilitadores y demás figuras establecidas. Es interesante observar por medio de esta Ley la respuesta del sistema jurídico a las necesidades de la ciudadanía, sentando cimientos para un ordenamiento más amplio en la defensa de los derechos.

Por último, de modo práctico hay que entender que la elección de un medio u otro para solucionar las controversias dependerá siempre de las particularidades del caso, por ello es importante tener en cuenta que, con independencia del medio empleado, debe prevalecer en cada fase de la conciliación, la búsqueda de la paz y la dignidad humana.

Escrito por Alexander Brewster R., estudiante de la Maestría en Derecho Ambiental y Política Pública dentro de la Universidad del Medio Ambiente.

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