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En el tremendo hito de los desafíos ambientales y la imperante necesidad de que las políticas públicas que se apliquen para enfrentarlos, la UMA ha desarrollado un modelo educativo que permite a los profesionistas interesados en el medio ambiente, tener una oportunidad de transitar por un sendero más iluminado hacia un futuro sostenible.

Este blog explorará las razones, oportunidades y el impacto de embarcarse en esta emocionante travesía académica que solo la UMA te puede ofrecer.

¿Derecho ambiental?

Estudiar la maestría en Derecho Ambiental proporciona el conocimiento profundo necesario para comprender y abordar los desafíos ambientales desde una visión nacional e internacional.

Pero que va desde la protección de la biodiversidad hasta la gestión sostenible de los recursos naturales, la maestría ofrece una perspectiva integral para aquellos que desean ser agentes de cambio.

¿Política Pública?

La toma de decisiones informada y la implementación efectiva de políticas pueden transformar comunidades y, en última instancia, la sociedad en su conjunto. Al estudiar una maestría en Derecho Ambiental y Política Pública, los estudiantes se convierten en defensores de un futuro más verde y equitativo.

Contribuyen al diseño de políticas que equilibran el desarrollo económico con la conservación del medio ambiente, generando un impacto duradero y positivo.

Conclusión

En resumen, embarcarse en una maestría en Derecho Ambiental y Política Pública es más que una elección académica; es un compromiso con la creación de un mundo más sostenible.

Este viaje en la UMA no solo nutre el intelecto, ofrece nuevas amistades, retos y compromisos, sino que también proporciona las herramientas necesarias para ser un agente de cambio en la intersección crucial entre la ley y las políticas públicas.

Bienvenidos generación 2024, gracias por permitirse fluir en este viaje y ser las «ovejas verdes» que quieren un futuro más verde y próspero.

 

Escrito por Karmina Isabel Álvarez Velázquez, estudiante de la Maestría en Derecho Ambiental y Política Pública.

«Las opiniones expresadas en este artículo son de exclusiva responsabilidad de los autores y pueden no coincidir con las de la Universidad del Medio Ambiente»

 

Imagina que junto con tu esposo tomas la decisión de estudiar una de las maestrías que ofrece la Universidad del Medio Ambiente, porque compartes el interés sobre problemas socioambientales que suceden en tu lugar de residencia, y que tu profesión es totalmente contraria a la maestría que elegiste, y que, aunque estas muy emocionada sabes que esta decisión implica una serie de retos de los cuales no tienes certeza, pero estas a punto de descubrir.

Interesante ¿no?, pero esto no solo es ficción, es completamente real, y forma parte de la vida de Natalia, estudiante en proceso de titulación de la Maestría en Derecho Ambiental y Política Pública, quién junto a su esposo David, que también es estudiante en proceso de titulación de la Maestría en Agroecología y Sistemas Alimentarios Regenerativos, tomaron la importante decisión de no solo de obtener un título de maestría, sino de dejarse llevar en el maravilloso proceso que solo la UMA te puede ofrecer.

Este proceso, le permitió a esta pareja durante las clases virtuales y presenciales, vivieran una experiencia educativa y profesional única, pues en la UMA consideramos que el primer cambio a perseguir es el de uno mismo.

 

Créditos de imagen: Ismael Jiménez, fotógrafo

Es así que Natalia y David desarrollaron su proyecto, que tiene como título “Revalorando los suelos norteños”. Como mencioné líneas antes este proyecto lo trabajó con su esposo que también estudia una maestría en la UMA. Ambos residentes de Nuevo León y apasionados en temas ambientales, pero dejemos Natalia nos explique:

Natalia, platícanos ¿Cuál es el objetivo de su proyecto?

El objetivo del proyecto es atacar una misma problemática, es en este punto donde nuestro primer reto fue conjugar cómo desde ambas maestrías se podría aplicar una visión sistémica en Nuevo León, es decir, que las reglas operativas de los proyectos que ya existen en Nuevo León faciliten a proyectos de producción con técnicas no convencionales, o sea, qué está pasando en nuevo León que se beneficie a proyectos convencionales y no otros como los agroecológicos y orgánicos.

Créditos de imagen, Natalia Delgado

Esta es una misma problemática, y lo que hicimos es atacarla desde dos frentes, desde la Política Pública que consiste en comprender, analizar y entender bien de dónde surge este problema y también la percepción del derecho correspondiente al tema de leyes vigentes, reglamentación, por qué no se aplican, y desde la visión de la Agroecología y sistemas Alimentarios Regenerativos, que es la maestría que estudia mi esposo.

La interdisciplina

Entender el problema desde la raíz política y desde parte técnica de la agroecología en Nuevo León implicó entender cómo es que se pueda aplicar un proyecto como estos, desde las capacidades que tiene el suelo ya que hay temas escases de agua, ¿Cómo defender un proyecto de producción de alimentos basados en la agroecología en una zona semiárida?

Por lo que desde la parte técnica se analizaron suelos, se buscó la existencia de otros proyectos que ya existen en nuevo León, y a través de entrevistas y visitas a otros proyectos que ya existen, nos sirvió como soporte para conocer sus experiencias, los retos a los que se enfrentaron y si aún continúan vigentes sus proyectos. Sobre todo, comprender que hay costos iniciales más grandes a mercados convencionales.

Quiero decir, al productor orgánico le cuesta más producir porque las técnicas son más elaboradas y requieren de más tiempo, desde la fabricación de los fertilizantes, pues al ser orgánicos requieren más mano de obra.

¿Qué otros retos descubrieron?

Pues nos dimos cuenta de que, por lo menos en Nuevo León no se visualizaban muchos apoyos por parte del estado para este tipo de proyectos, existe una alineación federal como el programa sembrando vida para proyectos orgánicos, pero el tema agroecológico no está posicionado.

Sabemos que, sí existe la palabra en el ámbito político, pero a nivel estatal no hay nada especifico en las leyes, por lo que eso ya era una señal para nosotros de que estábamos en el camino correcto.

Es un tema muy extenso, pero en la UMA y como ejecutor del proyecto se busca implementarlo ¿el cómo? Darle muchas vueltas hasta encontrar un proyecto que pueda ser ejecutable en cuatro meses.

Por lo que lo redujimos a tal manera, que nos fuimos desde el GRAN PROBLEMA, de que no existen las leyes, hasta un tema social donde nos dimos cuenta de que sí hay productores agroecológicos, pero están dispersos.

No existían vías de comunicación para compartir información de los productos, experiencias, por lo que nos sentíamos que no había nadie agroecológico en Nuevo León, nos sentíamos luchando contra marea, porque no había información a nivel local.

Luchar contra marea, ¿cómo fue esta experiencia?

Con los recursos disponibles en redes sociales, buscador de la web, todo lo básico comenzamos a buscar a través de cadenas de comunicación, y pudimos contactar a un productor que ya tiene experiencia en la producción y venta de productos orgánicos y técnicas agroecológicas.

Este productor nos ayudó a contactar a otros, y es aquí donde nace una red agroecológica que va impulsada desde mi maestría en Derecho Ambiental y Política Pública, y prácticamente consistió en citarlos en lugar público para presentarnos y entrevistarles para conocer sus inquietudes en este tema de la producción agroecológica.

Aunque esto no fue nada sencillo, porque al principio nadie confirmó, pero el poder de las redes permitió que llegaran de 12 a 15 personas, y con este comienzo, surgieron tres reuniones más.

De propósitos ambiciosos a uno solo, ¿en qué consistió?

No teníamos idea de la magnitud de esto, pero comprendimos que los propósitos eran muy ambiciosos, por lo que en la primera reunión decidimos ir desde lo básico, ¿quién eres? ¿Qué produces? ¿Dónde está tu rancho?, por lo que esto ayudó mucho a concentrarnos en un solo propósito.

Esto me permitió que el propósito para cerrar el semestre consistiera en consolidar un matriz con los interesados en formar una red y tener alternativas para consolidarla a futuro de manera formal.

Por lo que tuvimos entrevistas con personas que tienen experiencia con certificados orgánicos, hablamos sobre la CERTIFICACION ORGANICA PARTICIPATIVA que es de gobierno Federal; todo esto a través de opiniones y entrevistas.

Se cerro el semestre con varias alternativas y la idea ahora es definir si seguimos a bordo todos como una comunidad, pues a la fecha ha habido bajas y algunos preguntan qué sigue, pero el futuro de esto depende del mismo grupo para saber ¿cómo podemos seguir?

Para mí fue un gran aprendizaje, porque lo veía solo como requisito de la escuela para obtener el título de la maestría, pero esto va más allá, existe el interés y hay que seguir, no me dedico a esto, pero todo aquello que trabajamos en investigación activa del entusiasmo sí existe.

Esto no es un juego, hay un compromiso, porque, aunque yo no me dedico a esto, pero mi entusiasmo está vivo, me conmovieron las sesiones por lo que me hace sentir que quiero seguir en la medida de mis posibilidades para que en un futuro pueda arrancar solo este proyecto ya sin necesidad de ser facilitadora o intermediaria.

Créditos de imagen, Natalia Delgado

Natalia, ya que eres arquitecta ¿cómo la MDAPP contribuyó a tu desarrollo profesional siendo que es una materia nueva para ti?

En cuanto a mi profesión no tenía experiencia en temas regulatorios solo básico para construir en Nuevo León así que lo primero que me impactó, porque no tenía cercanía, fue el lenguaje de política, es especial y especifico, me sentí bloqueada, una guerra de idiomas que me hacía sentir perdida.

Pero hasta cierto punto fue más como una decisión propia, de poderme bloquear o entrarle y decir, a ver ¿qué significa este concepto?, oye ¿qué es esto?,¿a qué te refieres?, por lo que le fui perdiendo el miedo, los maestros me permitieron perder el miedo por ser muy abiertos a explicar y ayudarme a comprender.

Créditos de imagen: Ismael Jiménez, fotógrafo

¿Cuál era tu percepción de la Política Pública?

Yo entendía que solo el servidor público puede hacer incidencia, yo estaba muy terca porque no sabía qué hacer ya que mi proyecto va desde la percepción de la iniciativa privada.

Al principio veía muy separado lo público de lo privado y no entendía, yo insistía que la MDAPP estaba enfocada para servidores públicos, pero poco a poco fui comprendiendo la conexión, la forma de incidir desde el otro extremo que es la sociedad.

El entender que herramientas y posibilidades existen como individuos y como sociedad para cualquier tema, que se puedan aplicar desde la incidencia de la política pública.

 

Diagrama elaborado por: Natalia Delgado y David Cerda

¿Cómo concluyes Natalia? ¿Qué sigue?

Yo me arriesgué, nos arriesgamos mucho con la frase con la que cerramos el speach “En Nuevo León, sí se puede hacer Agroecología”, que es poder, poder plantar, vender, enseñar, hay mucho que puede ser agroecología.

Lo que más me sorprendió de todo esto fue ver a gente llegar a la reunión sin saber quién llegaría, sin conocerlos o tener la certeza de si imprimir una hoja de encuesta o imprimir veinte, ¡no sé cuántos vendrán!, le decía a mi esposo, pero la sorpresa de no creer en algo y que luego te sorprenda fue algo muy emocionante y que mantiene vivo mi entusiasmo.

 

 

Escrito por Karmina Isabel Álvarez Velázquez, estudiante de la Maestría en Derecho Ambiental y Política Pública.

«Las opiniones expresadas en este artículo son de exclusiva responsabilidad de los autores y pueden no coincidir con las de la Universidad del Medio Ambiente»

 

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Las clases magistrales que ofrece la Universidad del Medio Ambiente a través del Área de Derecho Ambiental y Política Pública, es una manera de aproximarse a la evolución del derecho ambiental a partir de las experiencias y conocimientos técnicos de quien ha estado trabajando los temas en diversos ámbitos de la práctica y experiencia jurídica.

Esta vez, la clase magistral se centró en el Acuerdo de Escazú, en la cual se comenzó por una explicación de la definición de justicia y su evolución a justicia ambiental, hídrica, climática etc.; abordando que el derecho a la justicia ambiental es un derecho humano y que es parte de la evolución y progresión de los derechos humanos que se han reconocido.

 

Justicia Ambiental

El derecho de acceso a la justicia en materia ambiental comprende muchos conceptos de acuerdo con la amplitud de los conceptos que abarca, señalando que es un derecho revolucionario e insurgente porque por una parte revoluciona conceptos establecidos del derecho clásico y que se revolucionan mediante el derecho ambiental (conceptos de derecho público-privado, penal, civil y demás ramas del derecho.

Aborda las dos dimensiones del derecho ambiental al señalarse que hay una dimensión objetiva que señala que independientemente del uso o función que cumplen los elementos naturales como el agua el aire o la biodiversidad, estos tienen un valor intrínseco y debe velarse mediante el derecho por su protección y por otra parte la visión subjetiva que aborda esa función que  corresponde a la protección del derecho por la función antropocéntrica o servicio que brinda el elemento natural a protegerse.

Imagen de Ezequiel Octaviano en Pixabay

Progresividad del derecho ambiental

Resulta interesante la temporalidad del derecho ambiental y su carácter intergeneracional puesto que tutela los derechos de la generación actual pero también y de forma especial protege el medio ambiente que dejaremos a las siguientes generaciones, adquiriendo una dimensión de temporalidad mayor y como esto debe entenderse por las instituciones.

En lo colectivo e individual es un tema que nos interesa a todos por las implicaciones y repercusiones que tiene en nuestro entorno y modo de vida, ante esto se explica la dimensión legal que adquiere el medio ambiente y su representación ante las diversas instituciones.

Imagen de Rudy and Peter Skitterians en Pixabay

El derecho ambiental y el acuerdo de Escazú

Se hace la presentación de la evolución internacional del derecho ambiental y el acuerdo de Escazú ratificado y publicado el 22 de abril de 2021, el cual reconoce y establece estándares de acceso al a justicia, señalando el derecho a la información, participación y acceso a la justicia, además de establecer disposiciones específicas a favor de los y las defensoras de los Derechos ambientales, esto en respuesta a las últimas estadísticas de violencia y presión que se sufre en la región respecto de los defensores ambientales.

Al mismo tiempo se hace de observación obligatoria el cumplimiento de este tratado por los tres niveles de gobierno y por los poderes ejecutivo legislativo y judicial respectivamente, explicando desde la práctica lo que esto significa para el ejercicio del Derecho. La protección a los defensores ambientales se establece de misma forma obligatoria para todas las instancias de gobierno y es un concepto que se aborda y desarrolla ampliamente.

 

Principios del derecho ambiental en el acuerdo de Escazú reconocidos por la Suprema Corte

Se explica con claridad la inclusión de los principios que rigen el derecho ambiental y como son importantes para la aplicación y creación del derecho mediante la interpretación de una norma ante las omisiones o contradicciones legales que deberán aplicarse en la interpretación de los casos prácticos y sirven para individualizar aquellos conceptos que no han sido posible definirse de forma universal.

La relevancia de estos principios ha sido reconocida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, señalándose el principio de progresividad, que en materia ambiental ha definido posturas que impiden disminuir el estándar de protección de un área natural protegida.

De la misma forma el principio de prevención, consistente en que ante la evidencia científica que tenemos y sabemos que provoca un daño, los estados deberán prevenir causar cualquier daño, por tanto, se imponen instrumentos como la evaluación de impacto ambiental (manifestación de impacto ambiental).

Imagen de succo en Pixabay

También se señala el principio precautorio que establece que el juzgador podrá revertir la carga probatoria o buscará allegarse de la información científica mediante el posible causante del daño ambiental, además de señalarse el valor de los servicios ambientales que se protegen como el elemento prioritario a resguardar.

Algo muy importante es que hay un principio que destaca, pero que no se encuentra explícito en ciertos instrumentos legales, es el principio “in dubio pro natura”, concepto que se explica a profundidad y fundamenta una evolución normativa.

Pero ¿Qué más se aborda?

Durante la clase magistral se abordaron temas como, los mecanismos de reparación del daño que se deben de imponer al causante de este daño de tal forma que restituya las cosas al estado que guardaban previo a la afectación.

Las dudas que surgieron motivaron un dialogo muy interesante sobre derechos de la naturaleza, del material genético de las plantas nativas y representación legal de la naturaleza, motivando una explicación del concepto de legitimación y su evolución conceptual a favor del medio ambiente.

Es espacio sirvió para hacer consultas interesantes sobre elementos prácticos que integran los procedimientos legales inherentes al medio ambiente, señalándose casos como la captura de tortugas, el tratamiento de los bienes públicos como el agua el aire, la biodiversidad y su representación legal.

 

 

Imagen de Pexels en Pixabay

Conclusiones

Se hace una explicación clara de los logros procesales que han obtenido en la implementación del acuerdo de Escazú como llegarse de pruebas, revertir la carga de la prueba, eliminar barreras de acceso a la justicia, aterrizar los principios del derecho ambiental y derechos humanos y reinterpretar las reglas procesales al tenor del acuerdo de Escazú y del medio ambiente como los efectos de un amparo que logro detener la construcción de un desarrollo de interés social en un predio cercano a una área natural protegida.

 

Escrito por Leonel Becerril Valdés, estudiante de la Maestría en Derecho Ambiental y Política Pública.

«Las opiniones expresadas en este artículo son de exclusiva responsabilidad de los autores y pueden no coincidir con las de la Universidad del Medio Ambiente»

 

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Datos iniciales para contextualizar 

La información disponible en relación con la producción forestal en México, la deforestación, la cobertura vegetal, entre otros, es ambigua. A lo largo de los años se han usado diversas metodologías para generar la información respectiva, lo cual en términos del análisis de políticas públicas se traduce en una falla de mercado al ser un problema de información.

Una de las causas la atribuimos a los diferentes tecnicismos presentes en el sector, no es lo mimos hablar de vegetación forestal a superficie arbolada a ecosistemas forestales.

Sin embargo, de los datos disponibles se pueden resaltar algunos puntos de los cuales parece no haber duda:

1. En relación con superficies:

• La superficie continental del territorio mexicano es de 196,018,900 de hectáreas (Instituto Nacional de Estadística y Geografía [INEGI], 2023)
• Tal como se reporta en el Sistema Nacional de Información Forestal, el 70.6% del territorio mexicano está cubierto con vegetación forestal, es decir, 138.7 millones de hectáreas. (Comisión Nacional Forestal [CONAFOR] , 2023)
• La superficie forestal arbolada es de 66.7 millones de hectáreas, (CONAFOR 2023) que equivalen a 34% del total del territorio.

1. El sector forestal tiene una presencia mínima en el PIB, por lo que la importancia del sector forestal es escasa, ya que sólo representa el 0.59% del PIB Nacional. (Georgel Moctezuma López, 2023)
2. La deforestación va en aumento. Del periodo 2001-2021 se han perdido 208,850 hectáreas anuales en promedio (CONAFOR, 2023)

 

Imagen PIB Forestal

 

En las siguientes imágenes se puede apreciar la extensión y distribución potencial de los ecosistemas en México, junto con la extensión y distribución actual de los ecosistemas al 2014.

 

 

 

 

 

 

 

 

Imágenes obtenidas de: https://www.biodiversidad.gob.mx/media/1/ecosistemas/files/EcosistemasMx_extensionDistribucion.pdf

 

Marco jurídico

El sector forestal cuenta con un acervo legal extenso.

Desde 1926 a 2003 se emitieron 7 leyes (sin contar las reformas), lo cual refleja el interés por los gobernantes en incidir en el sector.

 

Conforme se emitían nuevas leyes, se fue construyendo el andamiaje legal e institucional, hasta evolucionar a la estructura actualmente prevista en la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable publicada en el año 2018.

Es preciso destacar la definición que se establece en la citada ley en la fracción XXI del artículo 7, en relación con el Desarrollo Forestal Sustentable:

“Proceso evaluable y medible mediante criterios e indicadores de carácter ambiental, silvícola, económico y social que tienda a alcanzar una productividad óptima y sostenida de los recursos forestales sin comprometer el rendimiento, equilibrio e integridad de los ecosistemas forestales, que mejore el ingreso y la calidad de vida de las personas que participan en la actividad forestal y promueva la generación de valor agregado en las regiones forestales, diversificando las alternativas productivas y creando fuentes de empleo en el sector”

 

En esta definición están presentes las tres esferas de la sustentabilidad, vinculándolas con indicadores relacionados con las mismas:

• La económica, al señalar que es un proceso que busca alcanzar una productividad óptima y sostenida de los recursos forestales.
• La ambiental, al establecer que esta productividad no debe comprometer el rendimiento, equilibrio e integridad de los ecosistemas forestales.
• Y la social, al mencionar que busca una mejora en el ingreso y la calidad de vida de las personas que participan en la actividad, la generación de valor agregado en las regiones forestales, la diversificación de alternativas productivas y la creación de fuentes de empleo, puntos que se vinculan nuevamente con la perspectiva económica.

Por otro lado, al ser una ley general, distribuye competencias entre la Federación, los Estados y los Municipios; así mismo, señala a las autoridades encargadas, principios, los instrumentos de la política forestal, entre otros puntos, de los cuales nos podemos dar una idea general al ver su estructura:

 

Políticas relacionadas con el sector

En un artículo publicado por Miguel Caballero Deloya, se muestra una interesante visión respecto de las tendencias política del sector, el cual podemos resumir en la siguiente imagen. (Deloya, 2022)

Información forestal

Actualmente, contamos con el Sistema Nacional de Información Forestal, plataformas en donde se registran los datos relacionados con la zonificación forestal e indicadores, al cual se puede acudir para ver temas como los que se muestran a continuación: https://snif.cnf.gob.mx/

 

 

Al estar la definición de Desarrollo Forestal Sostenible vinculada a indicadores, esta herramienta nos será de utilidad para verificar si estamos en camino de lograr los objetivos planteados.

Adicionalmente, en este sistema encontramos información que es relevante para reforzar el contenido de los siguientes apartados, en especial, llaman la atención los siguientes datos:

La realidad

“México es uno de los 10 países con mayor superficie de bosques primarios y en su territorio se registran todos los tipos de vegetación natural conocidos” (Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, 2023)

Aunque se haya legislado de forma constante y no obstante México tiene un potencial forestal muy interesante, la producción forestal no ha despuntado y la deforestación aumenta cada año.

Sin embargo, actualmente contamos con el Fondo Forestal Mexicano que es un instrumento para promover la conservación, incremento, aprovechamiento sustentable y restauración de los recursos forestales y sus recursos asociados. Adicionalmente, existen diversos apoyos y se ha impulsado el pago por servicios ambientales.

 

Manejo Forestal Comunitario 

Relacionado con la sección de información, se destaca la relevancia de los núcleos agrarios y población indígena para el sector y, por ello, hay que visibilizar la existencia de proyectos muy alentadores. 

Tal es el caso de la Unión de Comunidades Productoras Forestales Zapotecos-Chinantecos de la Sierra Juárez (UZACHI) en el estado de Oaxaca, creada para gestionar y manejar los recursos forestales de sus territorios y que les ha permitido por más de 30 años ser un ejemplo de cohesión social y manejo sustentable de sus bosques.

 

Otras realidades 

Estos esfuerzos comunitarios son un reflejo de lo que podemos ver en Finlandia, una potencia forestal cuyo éxito, entre otros factores, es que se le atribuye un claro valor a los bosques, su protección y su potencial. Para ahondar en la información del esquema finlandés, recomendamos el siguiente artículo:

https://finland.fi/es/neegocios-amp-innovacion/el-bosque-base-del-comercio-finlandes/

Sigamos atentos a este sector y a las tasas de deforestación, ya que contamos con un patrimonio natural de relevancia a nivel mundial. Impulsemos acciones, como el manejo comunitario, para que la sustentabilidad no se quede solo en el nombre de las leyes y se convierta en una realidad.

Escrito por Cristina P. Sánchez Juárez H., Directora del área de Derecho Ambiental y Política Pública.

«Las opiniones expresadas en este artículo son de exclusiva responsabilidad de los autores y pueden no coincidir con las de la Universidad del Medio Ambiente»

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Referencias

Comisión Nacional Forestal [CONAFOR]. (23 de octubre de 2023). Sistema Nacional de Infomación Forestak. Obtenido de https://snif.cnf.gob.mx/

Comisión Nacional Forestal [CONAFOR]. (23 de octubre de 2023). Data bosques. Obtenido de https://databosques.cnf.gob.mx/inicio/

Comisión Nacional Forestal. (23 de octubre de 2023). Data bosques. Obtenido de https://databosques.cnf.gob.mx/inicio/

Deloya, M. C. (2022). Metamorfosis de la política forestal mexicana contemporánea y su impacto en el sector forestal. Revista Mexicana de Ciencias Forestales, 73.

Georgel Moctezuma López, C. A. (23 de octubre de 2023). Redalyc. Obtenido de PIB Forestal: https://www.redalyc.org/journal/141/14156175010/html/

Instituto Nacional de Estadística y Geografía [INEGI]. (23 de octubre de 2023). Extensión territorial. Obtenido de https://www.cuentame.inegi.org.mx/territorio/extension/default.aspx

Naturales, S. d. (28 de 11 de 2023). Bosques de México, riqueza forestal y biodiversidad. Obtenido de https://www.gob.mx/semarnat/articulos/bosques-de-mexico-riqueza-forestal-y-biodiversidad?idiom=es

Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. (28 de 11 de 2023). Bosques de México, riqueza forestal y biodiversidad. Obtenido de https://www.gob.mx/semarnat/articulos/bosques-de-mexico-riqueza-forestal-y-biodiversidad?idiom=es

La evaluación de impacto ambiental es un instrumento de la política ambiental, cuyo objetivo es prevenir, mitigar y restaurar los daños al ambiente, así como la regulación de obras o actividades para evitar o reducir sus efectos negativos en el ambiente (SEMARNAT, 2018), por lo que atiende al principio de prevención como un instrumento preventivo.

¿Cómo está regulado el PEIA?

El Procedimiento de evaluación de Impacto Ambiental (PEIA) en México, se encuentra regulado por la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA), instrumento jurídico marco, con el objeto de contribuir a cumplimentar lo establecido en el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que en su párrafo quinto señala lo siguiente:

“Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar. El Estado garantizará el respeto a este derecho. El daño y deterioro ambiental generará responsabilidad para quien lo provoque en términos de lo dispuesto por la ley.” (Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1917)

Sumado a lo anterior, se cuenta con el correspondiente Reglamento de la LGEEPA en materia de Evaluación del Impacto Ambiental (REIA), asimismo, el PEIA también se rige mediante el principio 17 de la Declaración de Río, ya que es un Tratado Internacional del cual México es parte y debe cumplir.

¿Quién implementa el PEIA?

El (PEIA) es el procedimiento administrativo mediante el cual la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), a través de la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental (DGIRA) establece los términos y condicionantes, a través de los cuales las obras y actividades que pueden causar un desequilibrio ecológico podrán ejecutarse.

En el artículo 28 de la LGEEPA se definen cuáles son las obras y actividades que deben someterse a este procedimiento a nivel federal.

Es importante tomar en consideración que, la evaluación de impacto ambiental no es solo una herramienta técnica, sino una parte esencial de la gobernanza ambiental y la toma de decisiones informadas (Hardisty, 2010).

¿Quiénes participan en el PEIA?

Los principales actores en el PEIA son los promoventes (sector público o privado) de los proyectos, la DGIRA como autoridad evaluadora, otras Autoridades u Organismos de Gobierno Federal y Estatal que dan opiniones sobre los proyectos, Centros de Investigación o Universidades que opinan sobre los proyectos, consultores y la sociedad en general.

Cada uno de ellos aporta insumos e interviene en el PEIA, siguiendo los lineamientos establecidos en la LGEEPA y en el REIA, lo anterior con el objeto de que la DGIRA emita las resoluciones administrativas correspondientes de manera fundada y motivada, mediante las cuales autorice, autorice de manera condicionada o niegue un proyecto.

¿Cuáles son los mecanismos de participación ciudadana en el PEIA?

Existen varios mecanismos de participación ciudadana en el PEIA que permiten a las comunidades y a los individuos afectados expresar sus opiniones, inquietudes y propuestas relacionadas con los proyectos que se están evaluando.

Estos mecanismos son los siguientes:

• Consulta pública: la LGEEPA establece que los proyectos sujetos a EIA deben someterse a un proceso de consulta pública. Durante esta etapa, se brinda información sobre el proyecto y se permite a la ciudadanía expresar sus comentarios, preocupaciones y sugerencias. Esta consulta puede llevarse a cabo mediante audiencias públicas, mesas de diálogo u otros formatos que faciliten la participación de las comunidades locales.
• Información pública: las autoridades ambientales están obligadas a proporcionar información sobre los proyectos y los estudios de impacto ambiental a la ciudadanía. Esto permite que las personas interesadas accedan a los documentos relevantes y comprendan mejor los posibles impactos ambientales y sociales de los proyectos en evaluación.
• Reuniones informativas y talleres: en algunos casos, se llevan a cabo reuniones informativas y talleres específicos para informar a la comunidad sobre el proyecto y fomentar la participación activa. Estas reuniones proporcionan una plataforma para que los ciudadanos expresen sus preocupaciones y planteen preguntas directamente a los responsables del proyecto y a las autoridades ambientales.

 

Créditos de la imagen: Rosalba López González.

Conclusiones

Es importante destacar que estos mecanismos de participación ciudadana deben ser inclusivos y transparentes, permitiendo el acceso a la información y garantizando la representatividad de las comunidades afectadas. Además, se espera que las autoridades consideren seriamente los comentarios y las preocupaciones planteadas por la ciudadanía durante el proceso de evaluación de impacto ambiental.

Escrito por Rosalba López González, estudiante de la Maestría en Derecho Ambiental y Política Pública.

«Las opiniones expresadas en este artículo son de exclusiva responsabilidad de los autores y pueden no coincidir con las de la Universidad del Medio Ambiente»

 

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Referencias

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, (última reforma de 18-11-2022), Diario Oficial de la Federación (DOF), 5 de febrero de 1917, pp. 149-151 (Mex.). En: https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/index.htm

Hardisty, P. E. (2010). Environmental assessment and management in the oil industry: A Mexico case study. Journal of Environmental Assessment Policy and Management, 12(03), 309-329.

SEMARNAT. (2018). Definición y objetivo de la evaluación del impacto ambiental. Gobierno de México. https://www.gob.mx/semarnat/acciones-y-programas/definicion-y-objetivo-de-la-evaluacion-del-impacto-ambiental.

 

Actualmente los modos y formas en que se gestiona el agua en la mayoría de los centros de población ponen de manifiesto que es un recurso indispensable para la subsistencia y el desarrollo, además de que en función de esté bien ambiental podemos conocer la calidad de vida de las personas y el nivel de acceso que tienen a higiene, salud, desarrollo y alimentación.

Históricamente podemos ver que las ciudades han sido dependientes de las fuentes de abastecimiento de agua y en función de la disponibilidad de está podemos ver el progreso de civilizaciones, incluyendo en este caso la que representa con mayor fuerza el pueblo mexicano que son los aztecas con Tenochtitlán; esta ciudad se encontraba dentro de un lago y su modo de vida dependía en su totalidad del agua.

Los alimentos de Tenochtitlan provenían en gran medida de los cultivos en chinampas que se desarrollaron en la hegemonía del imperio azteca, mismos que alcanzaron la tasa más alta de productividad agrícola en Mesoamérica en la época. 

Cosmovisión

Aunado a lo anterior la cosmovisión prehispánica determino en gran medida la relación de la civilización azteca con la naturaleza y estableció dinámicas sustentables de aprovechamiento de los recursos naturales, tales como el manejo de los residuos de Tenochtitlan que eran manejados de formas que permitían ser utilizados como abono y fertilizante en las chinampas para la producción de alimentos.

La colonización del imperio azteca trajo consigo nuevas formas de gestionar los recursos naturales adquiridas en su mayoría por la asimilación de las formas europeas de relacionarse con la naturaleza, en las cuales destaca el dominio y aprovechamiento de los recursos más allá de su valor cosmológico.

Los antiguos diques y canales que se utilizaban por el imperio azteca para alimentarse y transportarse se han vuelto canales de aguas negras en la modernidad y ante ello, han sido ineficaces los instrumentos tecnológicos y regulatorios para gestionar sustentablemente el recurso hídrico, poniendo a nuestra actual civilización en jaque ante la escasez de agua en los centros poblacionales como lo ocurrido en este año en Monterrey.

Sociedad actual

La civilización actual vive de forma acelerada las dinámicas económicas que han fomentado la apropiación de los bienes de acceso abierto, siendo el agua uno de los bienes que mayor conflictividad ha generado y cuya gestión a nivel internacional sigue siendo en detrimento de los ecosistemas.

El tema ha sido abordado a nivel internacional en los Objetivos del Desarrollo Sostenible, estableciendo metas bastante ambiciosas que aún no se reflejan en la realidad en nuestro país y que siendo responsables socialmente se tendrán que abarcar desde un paradigma diferente de relacionamiento con el agua.

Créditos de imagen, Leonel Becerril.

Este cambio de paradigma constituye una evolución cultural que surja desde la toma de consciencia de nuestros impactos individuales y que genere acciones individuales que fomenten una mejor gestión de los recursos, siendo el agua un pilar fundamental para establecer un desarrollo sustentable en todos sentidos.

Para generar este cambio es necesario entender que el medio ambiente y especialmente el agua son parte de nuestra vida y se debe buscar la preservación y regeneración de los cuerpos de agua, incluso regresando a las técnicas ancestrales de gestión del agua y de los residuos.

Partiendo desde el entendimiento, se sabe que existe una serie de dilemas actualmente sobre el efecto que podemos generar mediante las acciones individuales y las acciones colectivas (corporativas, gubernamentales, económicas, etc.).

Así como esté dilema surge también aquel entre donde se puede generar un mayor impacto en el mejoramiento de medio ambiente, es decir, sí es en entornos rurales o urbanos; y finalmente podemos ver también estos dilemas en la adopción de soluciones  mediante la incorporación de alternativas tecnológicas o mediante el retorno a modos más simples de vida, por lo cual puede considerase que se sufre de un señalamiento reciproco entre los diversos actores y no las suficientes acciones de cambio entorno a los problemas socioambientales.

 

 

 

Conclusiones

Todos podemos incidir de distintas formas, desde la clasificación de nuestros residuos, buscar ahorrar el agua con una tina previo a que se calienta el baño, cambiar por un baño seco nuestra actual taza de baño, compostar nuestros residuos domésticos, entrar en los ciclos de economía circular en nuestros modelos de consumo, producir nuestros alimentos, o bien divulgando y compartiendo nuestros esfuerzos para que se repliquen en nuestra sociedad.

La invitación es a hacer lo más que nos sea posible como individuos y en nuestras diversas relaciones sociales para mejorar nuestro entorno, puesto que no hay esfuerzo que no cuente y cada gota que se ahorra, cada árbol que se siembre y cada especie que se salva representan a futuro el mayor legado de nuestra generación.

El cambio que se promueve es imitar en lo máximo posible aquellas técnicas que fomenten la sustentabilidad en nuestra vida diaria, rompiendo nuestras estructuras actuales de pensamiento y relacionamiento con el agua el medio ambiente.

Escrito por Leonel Becerril Valdés, estudiante de la Maestría en Derecho Ambiental y Política Pública.

«Las opiniones expresadas en este artículo son de exclusiva responsabilidad de los autores y pueden no coincidir con las de la Universidad del Medio Ambiente»

 

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Referencias

Curiel, E. D. (2006) Facultad de Derecho. Seminario de filosofía del Derecho. Tesis. UNAM

Martínez Ruiz, J. L. (2004). Manual de construcción de chinampas.